El Real Decreto Ley 10/2020, que entró en vigor el pasado lunes 30 de marzo, estableció una medida de urgencia para minorar el impacto económico que tiene sobre las personas trabajadoras la prohibición expresa de no acudir a su puesto de trabajo si éste no tiene la consideración de actividad esencial. Nos referimos al llamado “permiso retribuido” obligatorio, el cual permite que dichos trabajadores sigan cobrando su sueldo íntegro a cargo de la empresa con la obligación de recuperar las jornadas que no puedan desempeñarse hasta el levantamiento del Estado de Alarma.

Esta medida, qué duda cabe, se ha implementado con la intención de no causar más impacto en las arcas públicas en forma de solicitudes de la prestación por desempleo, y exige un sobre esfuerzo a las empresas que no se hayan acogido a un ERTE para mantener los salarios de sus trabajadores a pesar de no disfrutar de un trabajo efectivamente prestado. Dicha coyuntura está llevando a muchas empresas a sugerir e incluso a obligar a sus empleados a coger días de vacaciones. Pero, ¿Puede la empresa obligar a un trabajador a disfrutar de sus vacaciones?

La respuesta a la anterior pregunta es rotundamente negativa, ya que el artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores es claro al referirse al disfrute del período vacacional como un acuerdo entre las partes, entre el trabajador y la empresa, fijando incluso en su apartado tercero que el trabajador deberá conocer con dos meses de antelación el calendario vacacional de la empresa.

Por tanto, no cabe duda que esta imposición a coger vacaciones por parte de la empresa es una actividad contraria a los derechos de los trabajadores que ha de ser efectivamente documentada por el empleado, quien debe dejar constancia de su desacuerdo con las fechas para el disfrute vacacional fijadas unilateralmente por la empresa para, posteriormente, interponer una demanda ante los Juzgados de lo Social para que sea un juez quien restituya ese derecho efectivamente perdido.