El pasado lunes 30 de marzo entró en vigor el Real Decreto Ley 11/2020, el cual prohibe los desahucios durante el Estado de Alarma para personas vulnerables y prevé moratorias en el pago para determinados contratos de alquiler, que van desde la reducción del 50% de la renta hasta la confección de un calendario de aplazamientos en el pago. Sobre este último punto nos detendremos en el presente artículo ¿Quién puede acogerse a esa suspensión del alquiler? ¿Tiene que acreditar una especial situación de vulnerabilidad? 

En efecto, únicamente pueden acogerse a esta moratoria o suspensión del pago del alquiler aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y tengan dificultades para el pago de la renta de su residencia habitual. Quedan excluidos, por tanto, segundas residencias o incluso locales de negocio. Pero, ¿Qué se entiende por vulnerabilidad económica?

Con matices, dichos requisitos se concretan en que el solicitante ha de acreditar una pérdida de ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria, ya sea en forma de despido, reducción de jornada o ERTE. Además, conjuntamente con el requisito anterior, se ha de acreditar que los gastos de renta y suministros suponen más de un 35% de los ingresos obtenidos por la totalidad de la unidad familiar, así como dicha renta tampoco debe superar el límite de tres veces el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Por último, el solicitante no puede poseer otra propiedad a su disposición en España.